México: Tortura de fuerzas de seguridad permanece impune

TANQUIAN DE ESCOBEDO, SLP; México (AP) -- Cuando Juan Carlos (Soni Bulos) escuchó esa madrugada de noviembre que destrozaban su puerta, buscó desesperadamente en su teléfono para pedir ayuda. De poco sirvió: afuera de la ventana de su cuarto, un marino mexicano con pasamontaña y un casco le apuntaba con un fusil. "Suelta ese celular o te pego un tiro", advirtió al activista de derechos humanos.

Los marinos le taparon los ojos, le amarraron las manos y se le llevaron junto con cuatro personas más --familiares y amigos-- a una bodega sin ventanas y poco iluminada. Entonces, dice Soni, comenzaron las horas de tortura: golpes, choques eléctricos, asfixia, abuso sexual. Escuchó a su sobrino adolescente gritar mientras le aplicaban toques en las costillas.

"Con esto se te van a quitar las ganas de andar defendiendo los derechos", le dijo uno de sus captores.

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Frente a las críticas internacionales, México sostiene que hace lo necesario para evitar el uso de la tortura en sus instituciones de seguridad.

Sin embargo, cuando las instituciones de seguridad utilizan la tortura prevalece la impunidad. De diciembre de 2006 a octubre de 2014, la Procuraduría General de la República registró 4.055 denuncias de tortura, de las cuales casi una tercera parte eran contra las fuerzas armadas, aunque casi en el mismo periodo sólo 13 policías y/o soldados fueron sentenciados por ese delito.

Además, una de cada cinco quejas por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 1994 y 2014 fue contra marinos, según un recuento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ningún marino figura entre los sentenciados por tortura.

En el caso de Soni, nadie ha enfrentado ningún cargo.

Ninguna autoridad de las secretarías de Marina o la Defensa Nacional respondieron a peticiones de entrevista.

A diferencia de otras víctimas de tortura, Soni contaba con recursos a su favor: tenía familiares políticamente activos y conexiones en el mundo de los derechos humanos. A finales de la década de 1990, trabajó como observador internacional para las Naciones Unidas en Guatemala, y cuando regresó a México continuó su trabajo de defensa en comunidades indígenas en una región conocida como la Huasteca.

Esa madrugada del 9 de noviembre de 2013 no era la primera vez que los marinos visitaban su casa en el estado de San Luis Potosí, en una zona donde lo que abundan son las montañas y las cascadas. Casi cinco meses antes, el 22 de junio, Soni manejaba a su casa después de dar clases cuando recibió una llamada de su hermana, quien le dijo que no se acercara, que marinos y policías federales estaban ahí.

Poco después de la incursión de junio, Soni buscó la asesoría de sus contactos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Le dijeron que buscara apoyo del programa de protección a defensores del gobierno federal mexicano.

Soni entró al programa el 26 de junio de 2013, según muestran archivos gubernamentales. En la Procuraduría General de la República le dijeron que no tendría más problemas. Incluso, el gobierno activó un número de "pánico" en su teléfono celular que debía marcar en caso de alguna emergencia.

"Me dio cierta tranquilidad", dice que pensó entonces.

La madrugada en que se lo llevaron, Soni intentó sin éxito encontrar el número de pánico.

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"Mi mente todavía, dicen los sicólogos, ellos la tienen", dice. "Después de que te toman, nada de ti debe quedar, ese es su objetivo: desaparecerte, sembrarte la muerte dentro, y dejarte que te vaya consumiendo hasta el final de tus días".

(Resumen)

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